Subsidios y subordinación económica

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Economistas de todas las tendencias y pelajes coinciden en que el próximo mandato presidencial deberá reducir –sin dilaciones– el descontrolado déficit fiscal, que se ha sextuplicado en el último año. En números fríos, se pasó de 4.366,2 millones de pesos en marzo de 2014, a 27.894,7 millones en marzo de 2015, según datos del Ministerio de Economía de la Nación.

Para quienes no están familiarizados con la jerga, se le dice “déficit fiscal” al saldo negativo que el Gobierno registra entre sus ingresos y egresos totales de dinero. Estos últimos, los egresos o gastos, son los que han crecido sin control; fundamentalmente, para financiar los subsidios al consumo domiciliario de energía, el transporte colectivo y los combustibles.

Claro que no todos critican esta modalidad. Algunos sugieren, incluso, que al volcar tantos recursos a solventar los quehaceres básicos de la vida cotidiana, nuestros gobernantes están poniendo en práctica una política económica de carácter redistributivo. Este criterio es compartido, sospechosamente, por fundaciones y medios de difusión que cuentan como clientes a empresas y distribuidores beneficiados. Pero de ninguna manera es así.

El subsidio funciona como paliativo de los bajos salarios, medidos en parámetros internacionales, vigentes en Argentina. Incluso aceptando las cifras del INDEC –salario promedio de $ 5.500 pesos y jubilaciones de $ 3.800–, el sueldo de la mayoría de los trabajadores formalizados en nuestro país corresponde a menos de la quinta parte del salario promedio en Europa. Por ello, los principales empleadores necesitan que el Estado “complete” los requerimientos de subsistencia mediante erogaciones que, en definitiva, sirven para mantener la tasa de ganancia.

En realidad, la escala salarial empobrecida es una de las ventajas “competitivas” que ofrece la patria recuperada a la radicación de capitales extranjeros. Por eso, la actual gestión trata de mantenerla a toda costa: ya sea manipulando las estadísticas de precios, poniendo techo a las paritarias, forzando el atraso cambiario o, como estamos viendo, a través de subsidios. O sea que se financia –con las riquezas y el trabajo argentinos– a grupos extranjeros de capital concentrado que, en su gran mayoría, aportan poco o nada al ulterior desarrollo nacional.

Como es obvio, no hay aquí ni pizca del “keynesianismo” jactancioso de Kiciloff. Keynesianos fueron los modelos adoptados por los países centrales, después de la Segunda Guerra Mundial, en los que se incorporó masivamente a los asalariados al consumo de bienes de origen industrial. En ese marco, las empresas realizaban importantes inversiones destinadas a la producción en masa, pues contaban con las buenas condiciones de venta que ofrecían los ingresos de trabajadores y obreros.

En otras palabras, gracias a un acuerdo social con fuerte participación estatal, esos países lograron coordinar dinámicamente las condiciones de producción y distribución, dentro de un sendero de crecimiento rápido y sostenido.

De tal experiencia histórica del capitalismo central, que cubre la segunda mitad del siglo XX, es posible obtener una conclusión fundamental (en especial, para las llamadas “economías emergentes” de estos días). Y es que el desarrollo económico, para ser auténtico, debe estar ajustado a las necesidades de crecimiento del país que lo sostiene con su trabajo. ¿Por qué? Porque siendo el salario de las clases populares nativas su principal herramienta de estímulo y protección, el desarrollo es también una declaración de soberanía.

Partiendo de esta premisa, entonces, ¿cuál debería ser el principio de solución para salir de la espiral de subsidios y déficit fiscal, con sus fatales consecuencias de endeudamiento y atraso cambiario, que aquejan a la Argentina? Sencillamente, salir del rol asignado por la “división internacional del trabajo”. Es decir, superar el modelo extractivo exportador de bajo costo salarial –cuyo mayor provecho lo han obtenido las grandes corporaciones– e impulsar la recuperación de una industria nacional competitiva. Pues con los costos fijos cubiertos por un mercado interno expansivo, Argentina podría ser en algún tiempo exportadora de bienes complejos. Y no sólo de granos transgénicos para el consumo de chanchos y aves chinos.

Dicho sea de paso, este régimen de ingresos, sostenido en la generación suficiente de empleo y movilidad social, permitiría absorber los precios energéticos reales, liberando al Estado de los subsidios y orientando la mayor parte del gasto público hacia las prestaciones fundamentales, como educación, salud y seguridad.

Algo que, por supuesto, no se encuentra en los planes de las automotrices, mineras, agronegocios y pooles de siembra. Ni en los de Axel Kiciloff, el “marxista” obediente.