Sindicalismo y política

El modelo sindical argentino se forjó a la sombra de la industrialización sustitutiva, surgida como consecuencia de la crisis mundial que derivó en la Segunda Guerra. De allí que la identificación de las organizaciones de la clase obrera con el peronismo responda, desde entonces, al rol que cumplieron, a partir de 1943, como instrumento de consolidación del mercado interno –base de sustentación de la nueva burguesía nacional, surgida en este proceso–, sosteniendo la capacidad de compra del salario popular, por medio de una acción gremial negociadora respaldada por el Estado.

Tal esquema de relación funcionó de maravilla mientras se mantuvo (aunque en forma cada vez más declinante, desde 1952) este paradigma económico. Pero, a partir de 1976, cuando el Videlato orientó la economía hacia las nuevas demandas del capitalismo mundial e impulsó la valorización financiera por sobre la producción de bienes y servicios, la relación del sindicalismo con el Estado –y, por ende, con la política– fue cambiando paulatinamente.

La derrota electoral 1983, marcó el fin del protectorado sindical sobre el justicialismo. A poco de andar, los dirigentes de la llamada Renovación Peronista (Bordón, Manzano, Cafiero, Menem) descubrieron los beneficios de la social democracia y comenzaron a sacarse de encima el estigma del “pacto sindical militar”, enarbolado por Alfonsín en su exitosa campaña. Por otro lado, los recursos de las decenas de municipios obtenidos por los “renovados” tras las elecciones, remplazaba sobradamente el aporte humano y material de los gremios.

A partir de allí, los sindicatos se resignaron a ser lacayos del Partido Justicialista. Hicieron todo lo que el aparato les pidió: desde allanarle el camino de las elecciones de 1989 –en la constante confrontación con el gobierno radical–, hasta acompañar a Menem en el desguace del Estado (el mismo Estado que habían ayudado a construir durante el peronismo clásico). Muchos dirigentes, en tanto, se volvieron empresarios y amantes de la buena vida.

Sin embargo, para adaptarse a los nuevos tiempos, fue necesario que las organizaciones sindicales suspendieran la dinámica de la representación, cuyo motor fueron desde siempre las comisiones internas y el cuerpo de delegados, puesto que la complicidad con los sucesivas gestiones de signo justicialista no podían ser compatibles con las asambleas y opinión de las bases.

En este sentido, es justo reconocer que la mayoría de gremios estatales –reunidos en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) desde su creación en 1991– siguió manteniendo la horizontalidad. Pero también aclarar que, en lo que respecta a paritarias, la situación de estos últimos es distinta a la de los sindicatos del sector privado: para unos, el Estado es un aliado; para otros es, sencillamente, la patronal.

Pero al margen de tales detalles, lo cierto es que el sindicalismo argentino llega a este (¿último?) tramo del (¿último?) gobierno justicialista completamente diezmado y vacío de contenidos, tanto programáticos como sociales. Hay cuatro o cinco centrales sindicales y ninguna puede mostrar que su relación –actual o pasada– con el oficialismo haya dado los resultados que se esperaba. Ni la personería gremial de la CTA, ni la exclusión de los salarios de subsistencia del Impuesto a las Ganancias y ni siquiera las medidas de fuerza han logrado sumar un trofeo a las alicaídas conducciones que, al mismo tiempo, están todas sospechadas (con razón) de enriquecimiento personal o familiar.

Al tiempo, una nueva amenaza aparece para ellas en el horizonte. Según el abogado laboralista Julián De Diego, en la mayoría de las empresas, las bases desbordaron a los dirigentes y, en estos últimos años, la rebelión en los lugares de trabajo empieza con los delegados, donde grupos de la izquierda integrista están comenzando a ganar espacio e impulsando un nuevo protagonismo dentro de las estructuras.

Lo cual es interesante, en principio, si sirve para remover el anquilosamiento. Pero en la mayoría de los casos –PTS, PO, MST, etc.– se trata de planteos de retórica puramente “combativa”, que retrotraen la situación de los sindicatos al escenario histórico pre peronista. Esto es, a un estilo de sindicato dedicado exclusivamente a la lucha reivindicativa, de perfil pretendidamente “clasista” y desprovisto de un plan para llevar a cabo las distintas funciones del sindicalismo moderno que, necesariamente, suponen un vínculo político y operativo con el Estado nacional.

De imponerse esta tendencia –altamente probable, si las conducciones no saben viabilizar el alto nivel de conflictividad gremial que se viene– lo más probable es que aumente la dispersión y la brecha entre la práctica sindical y la gestión pública, cuya confluencia sólo pudo conseguirse, con sus claros y oscuros, en la década peronista. Porque aún cuando la izquierda avance en la vida interna de los gremios, nada indica que aumentará su caudal electoral de manera significativa –esto es, alcanzando el 20 por ciento o más– en la política de partidos. Y, por tanto, nada indica que llegará a influir decisivamente en los destinos del Estado nacional.

Es más, posiblemente esos mismos trabajadores inclinados hacia una conducción gremial de izquierda voten, al mismo tiempo, una opción de desarrollo económico expresada en términos de conservadurismo liberal, al estilo de Massa, Macri o Scioli.

Y no es que nuestro proletariado sea conservador o contrarrevolucionario. Por el contrario, se trata de una nítida expresión de conciencia de clase en un país periférico o subdesarrollado, donde no es el capitalismo nacional, sino su ausencia, el principal problema a resolver frente al predominio de las corporaciones financieras o extractivas trasnacionales. Dicho de otra manera, los trabajadores advierten que su movilidad social depende mucho más del desarrollo capitalista que de la “lucha de clases” predicada, extemporáneamente, por los partidos trotskistas.

Viéndolo en perspectiva histórica, tal vez sea tiempo de que la clase obrera deje de ser la tan lisonjeada “columna vertebral” para pasar a ser parte de la cabeza del nuevo pacto nacional y social que reclama la mayoría de los argentinos. Ojalá aparezca la fuerza política que lo entienda.