La seguridad es cosa de fachos

La progresía vernácula se caracteriza por mostrar la mayor indiferencia hacia las víctimas del delito común. No es detalle menor: se trata de un gesto central en quienes conciben la política como la propiedad autoconferida de calificar en izquierdas y derechas a toda persona, acción o suceso. Y puesto que la vida puede simplificarse en términos ideológicos binarios, ¿por qué no hacerlo, también, con la muerte? De este modo, quienes son asesinados en una salidera bancaria o en un asalto, no merecen ninguna de las consideraciones que prodiga (y generalmente teatraliza) cuando se habla de las víctimas del terrorismo de Estado en los 70.

Para colmo de males, como la presunta sensibilidad social del progresista está depositada en el pueblo abstracto e intangible de la folletería partidaria, poco importa aquí que la enorme mayoría de los afectados por el delito común sean obreros y trabajadores asalariados.

Es que el efecto residual de los infinitos plagiarios locales de Michel Foucault o Toni Negri, ha creado en estos revolucionarios de cotillón la ilusión de un nuevo sujeto de la transformación social, que ya no sería el proletariado –desde siempre esquivo al ideario “open mind” y de hábitos más bien conservadores– sino el desclasado o el marginal, que cada tanto manifiesta su rebeldía (según esta doctrina) por medio del robo o el asesinato. De tal modo, el crimen alcanzaría el rango de metáfora de una rebelión destinada a destruir el capitalismo. O algo así.

Y aunque, expresado de esta manera, parezca un guión de los comic Dark Horse, se trata de una caracterización absolutamente reaccionaria. Lo digo, en primer lugar, pensando en los cientos de miles de argentinos que enfrentan la miseria sin recurrir al delito y aguardando que la demorada expansión del sistema productivo les ofrezca un trabajo formalizado y un salario digno. Bastaría pensar en ellos para descartar estas groseras generalizaciones.

Además, las acciones del aparato represivo y de los organismos públicos contra el delito y la violencia constituyen la condición esencial del pacto republicano; pues, sin seguridad ni protección ciudadana, no hay libertades individuales, reivindicaciones sectoriales, ni vigencia alguna de los derechos humanos, laborales, de género, etc. La clara percepción de este horizonte jurídico, dicho sea de paso, es la que permite, también, comprender la dimensión criminal del terrorismo de Estado en el pasado reciente.

Por eso, cuando la sociedad le reclama al Gobierno nacional por mayor seguridad, argumentar que “presenciamos una manifestación de los sectores acomodados sobreactuando una sensación”, es no entender absolutamente nada de la expectativa democrática de las clases populares. En primer lugar, porque la mayor parte de quienes sostienen este reclamo, no promueven el gatillo fácil ni la mano dura (repasen, sin ir más lejos, el escaso respaldo electoral con que cuentan los principales apóstoles de este discurso). Y en segundo, porque a estos millones de argentinos no los movilizan las frases hechas, sino las cosas sin hacer.

También es oportuno decir que una legión de los que reclaman por mayor seguridad no desconocen el rigor de la pobreza. Por el contrario, en cierta medida lo padecen de la misma manera de quienes roban por extrema necesidad. Pero, a diferencia de aquellos que ajustan el cuerpo de la realidad al corsé de las ideologías, como decía Jauretche, la mujer y el hombre de sentido común entienden que una explicación económico social del delito nunca puede ser una renuncia a combatirlo.

Algo tan obvio que difícilmente logre incorporarse, alguna vez, al recetario militante de las minorías ociosas.